1908 - País

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, junto a las cooperativas de electrificación rural y empresas de servicios públicos eléctricos, proponen que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se mantenga como el actor predominante del mercado, en caso de que se llegue a establecer un mercado abierto de generación eléctrica.

La propuesta está  presentada bajo el expediente 17811 y compite con otras dos iniciativas para convertirse en la “Ley general de electricidad”, cuyo texto se discute en el seno de una comisión especial en la Asamblea Legislativa.

De momento, la discusión de estos proyectos está paralizada mientras la comisión estudia la iniciativa denominada “Ley de contingencia eléctrica”, la cual pretende aumentar los porcentajes de participación del sector privado en la generación de electricidad en los próximos años.

 

MANTENER LO BUENO

Ismael Mazón, integrante del Consejo Universitario de la UCR e ingeniero eléctrico, explicó a UNIVERSIDAD que el proyecto de ley presentado junto a las cooperativas, pretende mantener todo lo positivo que ha tenido el sistema eléctrico al mando del ICE durante los últimos 60 años.

De acuerdo con Mazón, el proyecto fue presentado ante los “vacíos” e incertidumbres que generan las otras dos propuestas, tanto la presentada por la administración de Óscar Arias (2006-2010), como la que formuló el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre.

“El asunto básico en esos proyectos es que se crean dos mercados: uno regulado nacional para satisfacer la demanda, y un mercado de competencia en el que se hacen subastas diarias con los excedentes, los cuales se comerciarán por oferta y demanda”, detalló.

Tanto el proyecto del gobierno anterior como el del actual, pretenden aumentar la participación privada en la generación eléctrica en hasta un 35 por ciento del total nacional; eso sí, con la prohibición de producir la energía con combustibles fósiles.

Para Mazón, el problema con la propuesta del esquema de subastas es que no se establece claramente quién es el responsable de garantizar el suministro eléctrico nacional, ni tampoco se define quién debe planificar ese suministro.

“Si esa planificación no se hace bien, puede haber problemas en las subastas, y podría afectar el suministro para el consumo nacional. Además, si el ICE es el encargado de planificar el crecimiento del sector eléctrico, pero no de satisfacer la demanda, puede tener problemas al elaborar sus proyectos”, aseguró.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la conformación del mercado mayorista, donde las otras iniciativas proponen este trato para consumidores mayores a un megavatio de energía, mientras que la UCR considera que este consumo es muy bajo y debería ser inicialmente de 5 megavatios.

Mazón comentó que en criterio del Consejo Universitario, las otras iniciativas de ley tratan de garantizar a los actores privados la compra de la energía, cuando en un mercado de “libre competencia” deberían asumir el riesgo de que su electricidad no esté siendo requerida.

Para la UCR, tampoco se debe supeditar la capacidad de inversión del ICE a las decisiones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, pues durante estos últimos 60 años, la institución ha mostrado que lo puede hacer muy bien.

“Esperamos que nuestra propuesta sea realmente considerada; lo fundamental es que podamos conservar todo lo bueno del actual sistema. Los otros proyectos en su justificación dicen que el ICE ha cumplido su papel, pero en el planteamiento reflejan otra cosa”, aseguró.

 

PRIMERO CONTIGENCIA

Actualmente, la comisión legislativa responsable de analizar estos temas tiene por delante la propuesta del Gobierno: “Ley de contingencia eléctrica”, por lo que según el presidente de esta comisión, el diputado del Partido Liberación Nacional, Alfonso Pérez, aún no conoce a profundidad la iniciativa universitaria.

“Lo último que conocí es que estaban pidiendo un plazo para pronunciarse, pero están sobre la Ley general de electricidad, no sobre el plan de contingencia, que es el que estamos viendo en estos momentos. Esos proyectos están en subcomisiones”, expuso  Pérez.

Mientras tanto, la diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro, estima que si bien ningún proyecto es perfecto, el expediente 17.666 (presentado por la administración Arias) es el que le gusta más, pues abre mayores espacios para la participación privada en el mercado de generación eléctrica.

Para la legisladora, el mercado debe estar regulado por una instancia independiente que defina las prioridades y proyectos, mientras que el ICE debe ser tratado como un actor más y competir con los otros generadores.

“Los proyectos del ICE son muy caros, tenemos que buscar la eficiencia, y creo que el ICE tiene la capacidad para buscar esa eficiencia que no tiene ahora, porque está en una zona de confort, es el único participante y puede hacer las cosas a su manera”, agregó.

Alfaro rechazó que el deseo de poner al ICE a competir signifique estar en contra de la institución, ya que argumentó que desea que la entidad estatal mejore su servicio y procure beneficiar más al consumidor.

Pero, antes de entrar a la discusión del proyecto de Ley general de electricidad, opina que se debe aprobar primero la Ley de contingencia, la cual –aclaró- no abre el mercado eléctrico, sino que aumenta los topes de participación para el sector privado.

ICE COMO PRINCIPAL ACTOR

Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), y también integrante de la mencionada comisión, Manrique Oviedo, aseveró que la posición de su partido es coincidente con la visión de la UCR, en cuanto a que el ICE debe permanecer como el principal operador.

“Nosotros consideramos que el modelo actual debe permanecer, donde el ICE sea el operador y agente único del mercado. Se debe satisfacer la demanda nacional como hasta el momento, y si quedan excedentes, pues que puedan ser exportados”, expresó.

Oviedo cree inconveniente que se aumente el tamaño de los proyectos permitidos al sector privado con un tope de 50 megavatios, al considerar que son obras de una enorme envergadura.

“Yo vivo en Venecia de San Carlos, donde está el proyecto Toro 1 del ICE que genera 31 megavatios y es ya algo muy grande. Estaríamos hablando de construcciones que requieren más de 200 millones de dólares”, afirmó.

El legislador abogó por ser prudentes con el otorgamiento de permisos para los futuros proyectos hidroeléctricos y de otro tipo, sobre todo para proteger zonas de gran potencial como la Cordillera de Talamanca.